Ham Chande, R. (2000). Sistemas de pensiones y perspectivas de la seguridad social. Estudios Demográficos y Urbanos, 15(3), 613–639. https://doi.org/10.24201/edu.v15i3.1088
Al entrar al siglo XXI México se encuentra en una etapa de desarrollo intermedio, experimentando profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y demográficas. Los cambios demográficos muestran un rápido envejecimiento de su población aunado a insuficiencia financiera y déficit actuariales en los sistemas de seguridad social. Así, un reto a enfrentar son los grandes requerimientos por pensiones de retiro. El sistema de seguridad social está compuesto por varias instituciones que cubren grupos diferentes de trabajadores: asalariados de compañías privadas, del servicio público y de empresas descentralizadas. Más de la mitad de la población económicamente activa queda del todo excluida; éstos son los trabajadores del campo y el sector informal de menores recursos. Apenas 24% de la población mayor de 60 años tiene algún tipo de pensión de retiro, y en su mayoría los estipendios son raquíticos. Los institutos de seguridad social presentan deficiencias producto de los problemas económicos y sociales del país. Bajo distintos escenarios de proyección, aparecen como inevitables grandes desbalances en dos cocientes importantes: entre trabajadores activos y pensionados, entre costos de las jubilaciones e ingresos por salarios. Estas perspectivas obligan a pensar en modificaciones. El principal cambio se ha hecho en el IMSS, el cual cubre a los asalariados urbanos del sector privado. Se ha pasado del sistema de beneficios definidos al de contribuciones definidas. Este sistema no logrará un porcentaje adecuado de reemplazo del salario y las pensiones futuras estarán en su mayoría en el nivel mínimo garantizado. Este nivel de garantía corre a cargo de las finanzas públicas, lo cual aunado a los costos de transición significan una gran carga tanto para los afiliados a la seguridad social como para los no afiliados. En términos de activación económica se puede asegurar que con el ahorro interno de la seguridad social, la economía del país no está adaptada para convertir esos recursos en inversión productiva. El problema merece atención política, económica y social con visión a largo plazo.