Dilemas éticos en las estimaciones demográficas: dos minihistorias*

Manuel Ordorica**

El Colegio de México. Correo electrónico: mordori@colmex.mx.

* * Intervención del autor en la mesa redonda “Dilemas éticos al investigar población, ciudad y medio ambiente”, en el marco de la serie Diálogos y Reflexiones del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México, el 28 de mayo de 2010

Estudios demográficos y urbanos, 2011


No basta con poseer un cúmulo de información, es preciso saber si las fuentes de información son puras o contaminadas, si la información como tal es fidedigna, nueva y original, pertinente o impertinente a nuestros intereses, si es verdadera o falsa, si suscita a nuevas investigaciones o es tediosa y no sirve para nada, si es puramente conceptual o artística, si nos permite diseñar actos y ejecutarlos o si nos lo impide. Mientras no se sepa todo eso, la información no es conocimiento.
Mario Bunge

La ética tiene que ver con lo que pensamos que debemos hacer, esto es, cómo debemos actuar ante determinadas circunstancias; las acciones que realizamos tienen repercusión en los demás y en consecuencia implican una responsabilidad. Me voy a enfocar en lo relativo al uso de la información por razones políticas y a la falta de rigor metodológico en las estimaciones.

Durante la segunda mitad del decenio de los setenta del siglo XX ocurrió un viraje en la planeación demográfica de México. Se abandonó la posición pronatalista respecto a la política de población debido a que el crecimiento demográfico había llegado a su nivel más alto, con una tasa de 3.5% anual a mediados de los años sesenta. Esta cifra significa que la población se duplicó cada 20 años, lo que ocurrió en nuestro país entre 1950 y 1970, y luego entre 1960 y 1980. Se consideraba que el incremento rápido de la población era un obstáculo para el desarrollo económico y social del país.

Cuando la tasa de crecimiento demográfico se encontraba por arriba de 3% anual se crearon la nueva Ley General de Población y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), lo cual ocurrió en 1974. El marco jurídico que se diseñó se orientaba a proteger y normar los derechos individuales y sociales en cuanto a la libre decisión sobre el número de hijos y su espaciamiento, y el derecho de libre tránsito. Con todo esto se buscaba elevar el bienestar de la población. Unos años después, en 1977, el gobierno de la República adoptó una meta en el ritmo de crecimiento de la población, que sería de 1% para el año 2000. La planeación a un cuarto de siglo se justificaba en este caso porque los hechos demográficos sólo cambian en el largo plazo. También se determinaron metas intermedias para los años comprendidos entre 1977 y el final del siglo con la intención de lograr continuidad en los objetivos de largo plazo. Se establecieron las siguientes metas: de 2.5% para 1982, de 1.9% para 1988, de 1.3% para 1994, y así finalmente hasta llegar a la cifra de 1% en el año 2000. La meta original para 1982 fue de 2.6% y es respecto a esta cifra que he de formular mi primer planteamiento.

Por cierto ahora, tras un cuarto de siglo, hemos observado que se cumplió la meta de 1% en el año 2005 con la ayuda de una fuerte migración internacional. Si bien dejaron de nacer un poco más de 50 millones de niños y niña, entre 1970 y 2000, el objetivo de la política de población en su vertiente de reducción del crecimiento natural, que era elevar las condiciones de vida, no se logró. La familia pequeña parece que no vive mejor. Pero ése no es el tema de mi reflexión, ni he de discutir las estrategias y acciones con que se llegó a las metas, donde también la ética se encuentra involucrada. Me voy a centrar en una reflexión ética de cifras demográficas. Intentaré analizar algunas cuestiones vinculadas al establecimiento de las metas y a las estimaciones demográficas derivadas de las encuestas.

Hacia mediados de 1977 los demógrafos del CONAPO y los demógrafos y médicos de la Coordinación del Programa Nacional de Planificación Familiar habían llegado a un acuerdo respecto a que la meta de 2.6% para 1982, y luego la de 1% para el año 2000 no perturbaban considerablemente la estructura por edad. Se decía que dicho objetivo, aunque difícil de alcanzar, era posible en términos de la cobertura de mujeres en el programa y en términos demográficos. Se había optado por la meta de 1% para el año 2000 y no por la de 0% en el crecimiento de la población. La idea era que se presentara un descenso regular y paulatino de la natalidad, de forma que no ocurrieran fuertes oscilaciones en la composición por edad. También se aceptaba que México debería seguir creciendo desde el punto de vista demográfico. Se decía que habíamos perdido una parte de nuestro territorio, que pasó a manos de Estados Unidos, por la falta de población en la frontera. En un estudio clásico: “Tasa de crecimiento cero: sueño o realidad”, Bourgeois Pichat mostraba las tremendas perturbaciones que se presentaban en la composición por edad de la población en el caso de llegar rápidamente a 0%, lo que va en contra de los fenómenos sociales; utilizó a México como ejemplo. Éste fue sin duda otro elemento para no considerar el crecimiento nulo como un propósito.

La primera historia que voy a relatar está relacionada con el establecimiento de las metas en la tasa de crecimiento demográfico. Tras haberse elaborado los estudios técnicos, en 1976 se le propuso esta meta a José López Portillo, quien iniciaba su administración como presidente de la República. Víctor Urquidi, Gustavo Cabrera y Jorge Martínez Manautou, entre otros, presentaron los escenarios demográficos y el presidente aceptó el planteamiento. Reducir la tasa de crecimiento poblacional de 3.2% en 1977 a 2.6% en 1982 implicaba una cobertura muy significativa, la cual no era fácil alcanzar. Después de presentar el estudio, seguramente se le hizo fácil al presidente de la República redondear la cifra de 2.6 a 2.5%. Aunque esta décima en la tasa de crecimiento de la población tenía un gran significado numérico en términos de la cobertura, nadie cuestionó al presidente: a un presidente no se le puede decir que se equivocó. Con esta meta se debería incorporar a un millón más de mujeres usuarias de anticoncepción respecto a lo que se había proyectado. Todo se modificó para cumplir con ese 2.5%, incluso se rehicieron las proyecciones de población del país y de los estados, pasando por este nuevo punto. Un trabajo que se había realizado en varios meses se tuvo que rehacer en unos cuantos días. Cabe reconocer que toda la maquinaria del sector salud se puso a funcionar para cumplir la meta. Los demógrafos que trabajábamos en el sector público debimos haber expuesto algún señalamiento por este cambio en la cifra, pero no lo hicimos. Nadie puede contradecir al presidente.

Esto suele ocurrir por la falta de sensibilidad de los políticos respecto al sentido de los números. Pero hay que reconocer que los especialistas no fuimos capaces de traducir en un tiempo breve el significado y las repercusiones que tendría sobre la población y el sector salud este décimo de diferencia. Nos tardamos.

La segunda historia tiene que ver con la estimación de la tasa de crecimiento demográfico nacional para el año de 1978. Una vez iniciado el programa de planificación familiar en 1977 era necesario evaluar los resultados. Para conocer los logros se llevaron a cabo cuatro encuestas entre 1976 y 1982. Fue éste un sexenio en que se generaron muchos datos. Durante dicho periodo se levantaron la Encuesta Mexicana de Fecundidad en 1976, dos de prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos, en 1978 y 1979, y una más en 1981, llamada Encuesta Nacional Demográfica. El papel de la Encuesta Mexicana de Fecundidad fue muy importante ya que permitió confirmar el punto de arranque del programa. Se confirmó que la tasa de crecimiento demográfico para 1976-1977 era de 3.2%. Todo el programa se planeó a partir de esa cifra. Además, en 1980 se levantó el Censo General de Población y Vivienda, pero los problemas en su realización afectaron su calidad y cobertura, y no se pudo utilizar para revisar los avances de la política de población. Ahí también se podría señalar un problema ético: pese al mucho dinero utilizado en el censo fueron pocos los resultados confiables, pero este punto tampoco forma parte de mi reflexión.

La meta nacional para 1978 era de 3.0%. Lo que seguía era evaluar si se había alcanzado tras sólo un año de haberla planteado. Se intentaba determinar si se había frenado o desacelerado el crecimiento de la población. Para saberlo se levantaron dos encuestas de prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos a fin de estimar la tasa de crecimiento demográfico y la cobertura de mujeres en el programa de planificación familiar. Ambas eran de confiabilidad nacional. Al analizar la primera encuesta, la de 1978, los analistas de Conapo encontraron que la tasa de crecimiento de la población no había descendido por debajo de 3.0%. Yo me encontraba entre ellos. Por su parte, los demógrafos de la Coordinación Nacional de Planificación Familiar sostenían que era de 2.9%. La diferencia era de un décimo. Decir que la cifra era de 2.9% era una actitud triunfalista, mientras que con 3.0% era una posición conservadora. En CONAPO no estábamos de acuerdo con la cifra de 2.9%. Así estuvimos discutiendo sobre las metodologías de medición y rebotando cifras por varios días, sin llegar a ponernos de acuerdo. Era necesario llegar rápidamente a una conclusión para presentar los resultados en una reunión del CONAPO. De alguna junta realizada en las oficinas del CONAPO, al no llegar a un acuerdo sobre el número que habíamos calculado, los funcionarios y técnicos de la Coordinación de Planificación Familiar se salieron molestos. Este desacuerdo llegó al secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, quien después de escuchar a los funcionarios del CONAPO y a los de la Coordinación de Planificación Familiar determinó que la cifra para 1978 en la tasa de crecimiento demográfico era 2.95%. Ni 3 ni 2.9%, sino el promedio de ambas. Me quedé muy sorprendido con la decisión, pero aprendí que muchas cifras suelen manejarse con un fondo político.

Voy a hacer un paréntesis estadístico en este punto. Si X, que sería la estimación del CONAPO, tiene varianza σ1 2 y Y, que era la estimación de la Coordinación de Planificación Familiar, tiene varianza σ2 2, entonces la varianza de (X + Y)/2, es decir, la del promedio de las dos es: (σ1 2 + σ2 2)/4, bajo el supuesto de independencia de X y de Y. Es decir, la varianza de una suma es igual a la suma de las varianzas. Cuando las variables son independientes la covarianza es cero. En este caso la varianza más pequeña es la del promedio. ¿No les parece curioso? O sea que el secretario, sin saber estadística, dio una estimación con la varianza más pequeña. Por cierto, éste es un ejercicio que suelo plantear a mis alumnos en los exámenes de estadística.

Pero lo que me interesa comentar es que estas dos historias nos plantean un problema ético. ¿Qué hacer en estos casos cuando la verdad no se sabe y menos cuando se trata de estimaciones? Los números son meras aproximaciones. En estos dos casos la política estuvo por encima de la técnica. En la primera historia hubo una imposición de la cifra de 2.5% para 1982. Acatamos el número y seguimos adelante. En el segundo caso no fuimos capaces de convencer respecto a cuál era la cifra más confiable y al final nos impusieron un número de forma salomónica. ¿Cómo enfrentar problemas de este tipo?

Este último problema surge cuando se practican muestreos y a partir de ellos se realizan inferencias. El principal problema ético cuando se hacen estimaciones se relaciona con el hecho de que las cifras puntuales no tienen intervalos de confianza. En cualquier estimación se deben mencionar los límites de confianza, el tamaño de la muestra y una interpretación del significado de dichos intervalos. Además se deben presentar de manera sencilla, de tal forma que cualquier persona pueda comprender e interpretar los resultados. No hacerlo genera problemas éticos. La falla de no incluir el intervalo de confianza puede llevar de forma engañosa a asumir que la estimación puntual es todo lo que se necesita para predecir la estimación con precisión. No es fácil expresar de manera sencilla el significado del intervalo de confiabilidad debido a que es un concepto ligado a la teoría de la probabilidad, la cual a veces no se sabe en dónde se ubica, si en lado de la ciencia o en el de la magia. Difícil también es explicar la Ley de los Grandes Números (fuerte y débil) y el Teorema del Límite Central ligados al tema de la confiabilidad.

En ambas minihistorias hay un común denominador, un manejo a la ligera de los números. Esto no sólo ocurre entre los políticos, sino también entre los académicos. Hace falta autocrítica entre los especialistas. Las cifras se usan con mucha liviandad.

Aun con todos estos problemas hay que reconocer que se cumplió en forma aproximada lo que se planteó. Muchos podrían observar que la meta se alcanzó un quinquenio o dos después del 2000. Finalmente no se cumplió en los tiempos señalados, pero podemos decir que ha sido la única política exitosa; por eso se le ha puesto el calificativo de política de Estado. La meta de 2.5% se alcanzó en 1981. Al final las cifras son orientaciones, no hay que analizarlas como si fueran la verdad absoluta.

Tengo que reconocer que aún ahora, a 33 años de distancia, no sabemos cuál era la estimación del crecimiento demográfico en 1978 e ignoramos si las metas eran alcanzables exactamente o no. Lo que sí me queda claro es que el país cambió radicalmente desde el punto de vista demográfico. De la meta fue posible pasar a los nacimientos evitados, y de los nacimientos evitados a la cobertura de mujeres en planificación familiar. Luego se presentó la información por estados y luego por clínica. Cada médico tenía su meta. Los números fueron de gran utilidad para conducir el Programa Nacional de Planificación Familiar.

En síntesis, la ignorancia en los conceptos estadísticos, la falta de sensibilidad numérica y el uso mecánico de los métodos, no sólo entre políticos sino también entre académicos, lleva en ocasiones a problemas éticos, tanto en la acción como en la interpretación. Los diagnósticos impuntuales, superficiales e inútiles llevan con frecuencia a que la política ocupe el hueco que deja la academia. Por eso resulta urgente hacerse de una mayor cultura estadística centrada en los conceptos a fin de interpretar y usar con puntualidad la información.

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ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS, vol. 34, núm. 2 (101), mayo-agosto, 2019, es una publicación electrónica cuatrimestral editada por El Colegio de México, A.C., con domicilio en Carretera Picacho Ajusco núm. 20, col. Ampliación Fuentes del Pedregal, delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, tel. +52 (55) 5449 3031, página web: www.colmex.mx, correo electrónico: ceddurev@colmex.mx. Editor responsable: Manuel Ángel Castillo. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2016-031810381800-203, ISSN impreso: 0186-7210, ISSN electrónico: 2448-6515, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Leticia Argüelles, Carretera Picacho Ajusco núm. 20, col. Ampliación Fuentes del Pedregal, delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México. Fecha de última modificación, 25 de marzo de 2019.

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