Relatoría del seminario “Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas”*

Beatriz Mayén HernándezBrígida GarcíaClara JusidmanClaudia de AndaGabriela Rodríguez RamírezGuadalupe OrdazIraís Salazar PáezJosé Israel Urbano GómezKarla Flores CelisLucía MelgarMaría Consuelo MejíaMariana Flores CastilloMario Martínez SalgadoMelissa Oropeza FloresRosa María CamarenaSoledad GonzálezSusana Lerner

El Colegio de México

Estudios demográficos y urbanos, 2010


Inauguración

El seminario dio inicio con las palabras de bienvenida que pronunció Javier Garciadiego, presidente de El Colegio de México, dirigidas a las instituciones e investigadores participantes, a quienes deseó éxito en los trabajos.

Luego de reiterar la bienvenida a los participantes, Manuel Ordorica, secretario general de El Colegio de México, destacó la centralidad de la familia en la cultura y la vida de la población mexicana y apuntó algunos de los cambios sociodemográficos que han experimentado las familias del país en el transcurso del último siglo. Mencionó asimismo la necesidad de instrumentar acciones para hacer frente a las complejas consecuencias que derivan de esos cambios, y la de diseñar una política de Estado que tome en consideración las distintas conformaciones familiares, apoye a todas las modalidades de familias y fomente la igualdad de derechos entre sus miembros. Manifestó su confianza en que los trabajos y la reflexión científica que se desarrollarían durante el seminario aportarían algunos hilos articuladores que contribuirían a llevar a cabo programas exitosos.

En su presentación, Arie Hoekman, representante en México del Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), apuntó que uno de los problemas que se oponen al necesario análisis de las familias y de las políticas públicas para responder a las realidades de las distintas configuraciones familiares, es que la información disponible por lo general se refiere a los hogares y no a las familias propiamente dichas, pese a que es preciso distinguir entre ambos conceptos. Mencionó también que los temas relacionados con la familia históricamente han sido objeto de posicionamientos ideológicos, filosóficos y religiosos conforme a diversas representaciones y preconcepciones que dificultan la comprensión objetiva de los fenómenos y establecen sesgos en las políticas públicas. A esto se suman las distintas concepciones de política social que con sus propios enfoques perciben el papel de las familias y su interacción con el Estado y los actores sociales.

Ante los argumentos de quienes desde posiciones conservadoras ven los cambios en las familias y el relativo debilitamiento de la familia nuclear como una crisis, planteó que tales mutaciones son una respuesta adaptativa y creativa frente a las transformaciones económicas, sociales y demográficas. Consideró que más que ante una crisis familiar, se está ante un debilitamiento de la estructura patriarcal y el surgimiento de nuevos valores centrados en el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales.

Frente a esos cambios consideró necesario revisar y modificar las leyes y marcos normativos a fin de que propicien una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares, el reconocimiento económico y social del trabajo doméstico, la ampliación de los apoyos gubernamentales para las familias con hijas e hijos menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, y la conciliación entre la vida familiar y la vida social, así como entre las obligaciones y necesidades profesionales y laborales de hombres y mujeres con las del ámbito doméstico y sus preferencias reproductivas.

Sin dejar de reconocer que ha habido muchos avances al respecto, precisó la necesidad de asegurar la cabal articulación de las diversas políticas económicas y sociales y la de evitar las notables incongruencias que aún persisten en su impacto sobre las familias, en su diversidad real. A manera de ilustración, mencionó los “efectos perversos” de las políticas asistenciales de apoyo a las familias pobres, la inconsistencia entre las políticas de vivienda y las de igualdad de género, la falta de vinculación entre las políticas laborales, educativas y de juventud, entre otras. Así, es necesario que los estados nacionales incluyan nuevos enfoques de políticas sociales transversales e integrales que fortalezcan a las familias y a la vez anticipen los riesgos que se derivan de los cambios socioeconómicos. En esa línea, destacó el papel central que una política de población basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos puede desempeñar como articuladora de las políticas sectoriales para que de manera transversal respondan en forma integral a las distintas formas familiares y sus transformaciones. Finalizó haciendo votos para que los resultados del seminario sean debidamente tomados en cuenta por los responsables de formular y conducir políticas públicas.

Mario Bronfman, representante en México de la Fundación Ford, inició su intervención estableciendo la diferencia entre el significado que se le dio al término “familias” en el reciente Encuentro Mundial de las Familias y el significado de ese concepto en el presente seminario. En el primer caso, la “ese” final indica el plural de un solo tipo de familia; en el seminario hace referencia a la existencia de muchos y diferentes tipos de familia, de distintos arreglos familiares. En el primer caso denota sólo plural, repetición, mientras que en el segundo indica diversidad. Reconoció a la diversidad como un valor en sí, pero también como un medio que no sólo es compatible con la excelencia, sino que la promueve.

Hizo un llamado para que el seminario constituyera el ámbito en el que, desde la más pura tradición científica, se refutaran algunas asociaciones causales -sostenidas y ampliamente difundidas por algunos sectores- entre los comportamientos y prácticas de las familias y algunos problemas actuales de las sociedades, como por ejemplo que la criminalidad es consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial, o que el control natal es la causa de la pobreza y el subdesarrollo, entre otras. Asimismo, a partir de la convicción de que sólo un abordaje multidimensional permitirá adoptar los cambios necesarios para disminuir la discriminación y contribuir a una mayor justicia social, destacó la pluralidad en la composición de los participantes como uno de los valores centrales del seminario, que contó con representantes de la academia, del Estado, de la sociedad civil y organismos multinacionales, y de diversas disciplinas.

A su vez Irma Arriagada, experta internacional en el tema y ex funcionaria de la CEPAL en Chile, reconoció que el tema motiva fuertes disputas ideológicas que permean los diagnósticos, el diseño y la ejecución de muchas políticas. Hizo una crítica a los esquemas de pensamiento y a las concepciones que apuntan a la existencia de un solo tipo de familia ideal e inmutable y por ende inexistente en la realidad. También cuestionó la consiguiente forma de hacer política pública a partir de ese estereotipo, lo cual dificulta los avances en materia de integración e inclusión sociales para las familias.

Reconoció a “la familia” como una construcción social de carácter histórico, que se define como una institución cuyos arreglos dependen no sólo de sus relaciones internas y su estructura, también del contexto social donde emerge y se desarrolla. En esa línea, destacó la diversidad de estructuras, trayectorias e historias familiares, así como de arreglos y condiciones de vida derivados de su pertenencia a diversos estratos socioeconómicos, etnias y concepciones acerca de la familia que coexisten en la región latinoamericana. Todo esto, planteó, no permite hablar de la familia, y en rigor de las familias en plural, sin hacer referencia a la desigualdad y a la exclusión que marcan históricamente la vida cotidiana en la región. Apuntó asimismo la diversidad de enfoques y formas de aplicación de las políticas públicas y los programas que se han orientado a las familias, la mayoría de las veces sin coordinación entre las diversas instancias del aparato público, así como la necesidad de adaptar las políticas públicas a las nuevas estructuras, dinámicas y relaciones entre los integrantes de las familias.

Entre las áreas menos investigadas, las correspondientes a la denominada “caja negra” familiar, mencionó las relativas a la toma de decisiones, el reparto del trabajo dentro y fuera de la familia, y la violencia doméstica e intrafamiliar. Apuntó también la necesidad de reflexionar sobre los problemas de la articulación entre la familia, el Estado y la sociedad dentro de un marco social y económico complejo y rápidamente cambiante, en particular sobre las formas de articulación de los procesos socioculturales y económicos con las transformaciones familiares, y de la manera en que estas últimas impulsan los cambios mayores. Al respecto se requiere investigar sobre ciertos aspectos, como la manera en que las transformaciones económicas en un mundo globalizado afectan la vida cotidiana, el consumo y los ingresos de las familias; los modos en que la dinámica demográfica seguirá modificando las estructuras familiares; los efectos de la pérdida de centralidad del trabajo para la protección social y de los nuevos modelos laborales en las dinámicas familiares. En el interior de las familias se requiere avanzar en tres áreas principales: la de los cambios de la intimidad y de la movilidad de las fronteras entre lo público y lo privado; la del trabajo y sus interrelaciones entre el trabajo doméstico y el trabajo extradoméstico; y la del ámbito tecnológico -especialmente biotecnológico- y sus efectos y consecuencias éticas sobre las nuevas formas de familias.

Apuntó que si bien las familias se han definido como espacio privilegiado de lo privado, el Estado -como agente desde lo público- y el mercado han impulsado cambios en las dinámicas internas de las familias. Al Estado le ha correspondido un papel preponderante en cuanto a regular el acceso de las familias a mejores niveles de bienestar, a la protección social y al ejercicio de sus derechos. Con las transformaciones económicas, sociales y culturales de las últimas décadas y la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, la emergencia de una sociedad postindustrial y globalizada y el cambio en el modelo de desarrollo en los países latinoamericanos, se vislumbra un nuevo contrato entre el Estado, la sociedad y las familias para la provisión del bienestar. No obstante, ese nuevo contrato genera bienestar mediante políticas focalizadas y segmentadas según la clase social y sesgadas hacia un tipo de familia específico -familia nuclear patriarcal- que valoriza a la familia como agente del bienestar y da continuidad a un orden cultural que pone la responsabilidad de lo privado o doméstico casi exclusivamente en manos de las mujeres, y en el que a las nuevas formas y arreglos familiares en muchos casos no se les otorga reconocimiento social ni respaldo legal o institucional.

De ahí que, desde la perspectiva de las políticas dirigidas a las familias y sus efectos en términos de inclusión social y bienestar, se planteen grandes desafíos relativos a la cobertura de las necesidades de la población, especialmente por lo que hace a los cambios en la estructura de la demanda de cuidados y la búsqueda de las mejores formas de suplir el déficit de cuidado que las mujeres, por su creciente participación en el mercado laboral, no pueden seguir proporcionando.

Finalmente alertó sobre el riesgo de que la crisis económica global afecte los recursos que actualmente se destinan a los servicios y programas hacia las familias. Ahora más que nunca resulta urgente orientar esos recursos hacia éstas, en especial a las que se hallan en situación precaria, que serán las principales afectadas por el desempleo, la reducción de salarios y el alza del costo de vida.

La intervención final correspondió a Susana Lerner, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México y organizadora del seminario, quien a nombre del Comité Científico dio la bienvenida a los asistentes y participantes, y ofreció un panorama del origen, la finalidad y la organización del seminario.

Expuso así que la iniciativa de llevar a cabo el seminario respondió a la convergencia de intereses y objetivos de las instituciones promotoras, y representa un claro testimonio de la prioridad e importancia que lo relativo a las familias ha tenido en nuestro país, tanto en la acumulación del conocimiento científico como en la elaboración de propuestas para diseñar y adecuar políticas y acciones hacia las familias en diversos ámbitos de la vida nacional.

Destacó la finalidad del seminario, coincidente con el Encuentro Mundial de las Familias, de ofrecer a la sociedad mexicana un espacio alternativo de encuentro, reflexión y debate de alto rigor científico en torno a las principales transformaciones y problemas actuales de las familias mexicanas. Frente a miradas fundamentalistas o esencialistas que plantean un ideal de familia en singular, sin reconocer la diversidad de formas de estructura y organización, el seminario se propuso dar cabida a una pluralidad de voces y perspectivas que den cuenta de esa diversidad y de la complejidad y multiplicidad de factores económicos, culturales, políticos y valorativos que se ponen en juego e inciden en los espacios familiares.

Así, el seminario pretendió analizar y evaluar la situación actual de las familias mexicanas identificando los retos y desafíos futuros, tanto en las líneas de acción en materia de políticas públicas como de investigación. Para cumplir los objetivos, la agenda del seminario se organizó en torno a seis mesas de trabajo:

  • Familias y cambio sociodemográfico
  • Familias, trabajo y pobreza
  • Familias y derecho en el nuevo siglo
  • Violencia y familias
  • Ética y valores en las relaciones familiares
  • Políticas públicas y familias

Después de enunciar una serie de cuestiones y problemas que afectan a las familias y ameritan una atención prioritaria, Susana Lerner anunció que al finalizar el seminario se presentaría el documento “Familias en el siglo XXI: Declaratoria de la Ciudad de México”, en el cual se resumen las principales conclusiones y algunas propuestas surgidas del seminario y que expresan los retos a enfrentar en el siglo XXI.

Por último agradeció el apoyo que brindaron las diferentes instituciones y personas participantes.

Mesa I. Familia y cambios sociodemográficos

Esta mesa fue coordinada y moderada por Carlos Echarri, profesor investigador de El Colegio de México. Participaron María de la Paz López, consultora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), que centró su exposición en las “Transformaciones demográficas y sus consecuencias en el seno de las familias”; Norma Ojeda, profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y de la Universidad de California en San Diego (USCD) con su ponencia sobre “Vivir juntos sin estar casados desde la perspectiva de los adolescentes fronterizos: el caso Tijuana- San Diego”; Marina Ariza, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema “Familias transnacionales y migración”, así como Pablo Saad, funcionario y experto de la CEPAL que expuso el tema “Envejecimiento demográfico y sus implicaciones en las familias”. Cecilia Rabell, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Elena Zúñiga Herrera, consultora independiente y ex secretaria del Conapo, fungieron como comentaristas.

En su introducción Echarri aclaró que es difícil tomar una definición universal de familia y encontrar un ejemplo en la realidad. Las familias son producto de su diversidad histórica y cultural en las distintas sociedades. En México, destacó, la sociedad se ha ido transformando y esto ha incidido en la estructura y organización de las familias debido, entre otros cambios, a la reducción de la tasa de mortalidad, que ha llevado al envejecimiento de la población, con mayores necesidades de cuidado; la disminución de la fecundidad, que reduce el tamaño de los hogares y el tiempo que las mujeres dedican a la crianza de los hijos, aunado al limitado sistema de seguridad social que agrava la falta de apoyo y cuidado a los adultos mayores y a los niños.

María de la Paz López planteó que la discusión sobre la unidad patriarcal como modelo hegemónico aún tiene fuerza en las esferas ideológica y académica, aun cuando la evidencia empírica muestra una marcada diversidad de modelos familiares y realidades sociales. Las familias cambian porque se adaptan al contexto, a la época y a la sociedad, y por lo tanto son complejas y multidimensionales; están acotadas por las relaciones sociales de naturaleza íntima, la convivencia y el espacio, todo ello atravesado por relaciones de poder y autoridad. La familia no se limita a compartir un techo, sin embargo, cuando se analizan sus interacciones el enfoque suele restringirse a las actividades domésticas.

Si bien es cierto que la mortalidad se redujo, conviene observar con cuidado las estadísticas, dada la incorporación de las mujeres al mercado laboral y su inminente exposición a situaciones de riesgo similares a las que enfrentan los hombres. El acotamiento del periodo reproductivo también es producto de una dinámica distinta que resulta de la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Hoy día 42% de las mujeres participa económicamente, lo que nos habla de la disminución gradual del modelo del proveedor exclusivo.

Para 2030 se estima un incremento de 23.8% de los hogares ampliados, así como 7.5% de uniparentales. De 2000 a 2005 el incremento de jefaturas femeninas urbanas fue de 2.5%, con un total de 24.3% de los hogares; en el ámbito rural el aumento fue de 1.7% con un total de 18.5% de esos hogares. En el DF se presenta la mayor proporción, con un total de 28.9% en 2005, frente a Nuevo León donde en 18% del total de hogares hay jefatura femenina, y es la entidad con la cifra más baja. La tasa de crecimiento medio anual de participación económica de jefas de familia llega hasta 4.5% y en las edades reproductivas a 7 por ciento.

También respecto del cambio y la recomposición del modelo familiar, Norma Ojeda destacó la imperiosa necesidad de tomar en cuenta la secularización de las uniones debido al incremento de las uniones libres o consensuales. Sus observaciones se basan en un estudio que se realizó con grupos focales en tres preparatorias públicas de Tijuana y tres de San Diego, donde la mayoría de la población está integrada por adolescentes de origen mexicano y de clase “popular”. Conviene mencionar que Tijuana puede ser un escenario ideal para analizar este fenómeno, pues puede verse como un microcosmos de las diferencias sociodemográficas del país. Es una de las ciudades industriales con mayor desarrollo económico y una alta proporción de inmigrantes, por lo que sus residentes presentan características sociales y culturales diversas.

Este estudio revela que en Tijuana las y los adolescentes perciben que no existe una ventaja comparativa entre casarse o no; no están convencidos de que el matrimonio contribuya a la estabilidad, aunque los varones, sobre todo los menores de 18 años, piensan que vivir juntos antes del matrimonio ayuda a conseguir estabilidad. Para las adolescentes la unión libre representa mayor libertad, pues así no se consideran dependientes de un cónyuge, y les parece que es un medio para sentirse amadas. Además existe un gran apoyo de la familia, de las madres y de redes de asistencia a las hijas solteras con hijos. Para las mexicanas es más importante ser madres que para las que viven en Estados Unidos. Éstas consideran que la unión libre es un medio útil para explorar la sexualidad y encontrar a la pareja adecuada. En México es más fácil establecer una unión libre. La infidelidad masculina no tiene aquí consecuencias tan claras como en Estados Unidos. Las mexicanas aseguraron que el padre que vive en unión libre siente menos responsabilidad. Sin embargo en ambos países pervive el sueño de casarse de manera tradicional, secular y con vestido blanco.

Ojeda mencionó que hoy día los y las jóvenes, al menos en Tijuana, ven la unión libre como una transición; las mujeres quieren tomar más control de su vida conyugal para no quedar atrapadas en el matrimonio ante posibles situaciones de violencia o infidelidad y no poder divorciarse. Es una estrategia de empoderamiento. Hoy la cohabitación les sirve para explorar la sexualidad y no necesariamente buscan formar una familia sino una alternativa al matrimonio, porque no creen en éste y su posición y actitud son de rebelión ante la Iglesia y el Estado.

Marina Ariza presentó un estudio sobre las familias transnacionales, definidas como aquellas cuyos integrantes viven una parte o la mayoría del tiempo separados y aun así crean un sentimiento colectivo de bienestar y unidad. Observó que el incremento actual de estas condiciones se relaciona con la expansión del trabajo internacional precario resultante de la globalización. Mencionó que, sin embargo, en la investigación sociodemográfica se mantiene una visión romántica y economicista de la dinámica familiar que sobredimensiona y glorifica el papel de las remesas monetarias, en contraste con lo que sucede en la realidad.

Ariza entrevistó a 16 mujeres migrantes dedicadas al trabajo doméstico en Nueva York y realizó asimismo 30 entrevistas estructuradas a familiares de los migrantes. Encontró que los motivos más importantes del envío de remesas tienen que ver con lo familiar y lo emocional. En esta situación se utiliza a los niños como rehenes y ocurren procesos de desfamiliarización y mercantilización del afecto. En tanto las remesas significan afecto, se adquieren “deudas afectivas” impagables; los padres a su vez se vuelven “padres cheque”. Además se registran profundos resentimientos y quiebres en la fluidez de la interacción familiar. En esta forma las mujeres se empoderan y caen en una lógica de desacumulación que contradice sus planes de vida.

Esta autora también observó que existen obstáculos al sustento de las familias en el extranjero, como las trabas en las políticas públicas y la criminalización del trabajo indocumentado. Dijo que las expectativas de apoyo hacia las mujeres migrantes son más fuertes, sobre todo por parte de los hijos.

En esta línea sobre las dinámicas, la atención de necesidades, los cuidados y el apoyo que se da entre padres e hijos, Paulo Saad aseguró que uno de los efectos del envejecimiento familiar es la construcción de una estructura vertical, pues si bien hay menos parientes, conviven cuatro o más generaciones acumuladas, lo que genera conflictos y debilitamiento de los lazos familiares.

En América Latina la población de más de 60 años pasó de 7 a 14% en sólo 20 años; en cambio en los países desarrollados esa cifra tardó casi 60 años en duplicarse. La esperanza de vida para 2050 es de 80 años y la fecundidad de 2 hijos. Esto acarreará el aumento de la ocupación de las familias, dada su longevidad. Hoy, 93% de las personas mayores recibe algún tipo de apoyo y más de 70% presta algún tipo de servicio. En 4 de cada 10 hogares los adultos mayores aportan 50% del ingreso familiar. Cabe mencionar que esta población percibe que la familia es la principal fuente de bienestar y no espera que el Estado la sustituya. La familia provee 80% del apoyo que reciben los mayores y al menos uno de sus miembros presta cuidados. De ese 80% las mujeres representan 70%, y además prestan cuidados por periodos que son hasta 50% más largos que los cumplidos por hombres. Esto último apunta a una imperiosa necesidad de que exista una mayor cobertura del seguro social para las mujeres y los integrantes de su familia.

Ante este panorama de transformaciones constantes en los modelos familiares y las estructuras sociales, Cecilia Rabell, como comentarista, mencionó que el proceso de cambio es permanente en la estructura de las familias, pero en la actualidad sorprende su rapidez. Afirmó que, desde un enfoque feminista, la modificación de las relaciones intrafamiliares y el trabajo extra doméstico apoyan el empoderamiento de las mujeres, aunque dichos procesos no están exentos de violencia. Por otro lado, los adolescentes parecen tener opiniones diversas sobre el matrimonio, la cohabitación y la maternidad, si bien esta última continúa desempeñando un papel central entre las adolescentes mexicanas. En cuanto al envejecimiento de la población, es importante saber si los hijos serán capaces de ayudar a los adultos. En tal sentido las relaciones afectivas con terceros cobran especial relevancia para enfrentar estos problemas en el cuidado de los adultos mayores en una primera instancia, y con las siguientes generaciones después. Finalmente habló de la internalización de las familias transnacionales y de que incluso los juegos de los niños se transforman en este proceso, producto de una realidad contundente.

Elena Zúñiga, también comentarista, habló sobre los retos en políticas públicas para lograr un adecuado avance de la sociedad mexicana. Entre otras cuestiones mencionó la necesidad de identificar y hacer visibles los cambios que experimentan las familias; que el Estado preste atención a la fecundidad adolescente; lograr un nivel mínimo necesario de fecundidad para alcanzar el reemplazo generacional; conocer las incapacidades que impiden mejorar la vida económica de hombres y mujeres, y promover una distribución más equitativa de la carga de trabajo doméstico. También mencionó que son necesarias las discusiones éticas para mantener una existencia digna, como las que abordan el tema de la eutanasia, así como un estudio acerca de las complejidades de las familias transnacionales.

Para concluir afirmó que es imperdonable que las preocupaciones oficiales se centren en fortalecer a la familia tradicional frente a una agenda que requiere concretarse en esas múltiples necesidades, que habrán de agudizarse y profundizarse en los próximos años.

Mesa II. Familias, trabajo y pobreza

Esta mesa fue coordinada y comentada por Brígida García, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México (Colmex) y moderada por Rosa María Camarena, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ella se presentaron cuatro ponencias: “¿Familias sin futuro o futuro de las familias?” de Irma Arriagada, consultora independiente y ex funcionaria de la CEPAL en Chile; “Políticas de conciliación familia-trabajo: líneas de investigación y reflexión”, a cargo de Orlandina de Oliveira, profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México; “Políticas focalizadas para la superación de la pobreza y su impacto sobre la vida familiar”, de Ana María Tepichín, directora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de México, y finalmente, “Las ¿nuevas? paternidades: organización del trabajo, familia y globalización”, por José Olavarría, de la Corporación de Estudios y Desarrollo Empresarial (Cedem), Chile.

El objetivo de la mesa fue examinar las transformaciones que han ocurrido en la división del trabajo familiar en las esferas doméstica y extradoméstica, con especial atención en los sectores más desfavorecidos de la población. Las perspectivas y los desafíos que se plantearon se basaron en experiencias de investigación latinoamericanas y especialmente mexicanas. Varias de estas ponencias se centraron en las políticas que intentaron conciliar los ámbitos familiar y laboral, y en el impacto de las políticas de combate a la pobreza sobre la división de tareas en el interior de las unidades domésticas.

Irma Arriagada, con amplia experiencia en las investigaciones y los encuentros sobre las familias latinoamericanas promovidos por la CEPAL, afirmó que el paradigma de la familia tradicional como modelo idealizado, con un padre proveedor y una madre dedicada exclusivamente a los hijos y al trabajo doméstico, sin cambios ni conflictos, no tiene futuro, ya que sólo existe como tal en un reducido número de casos. La investigación actual en este campo nos indica que en una diversidad de familias y hogares hay solidaridad, pero también conflictos, como se aprecia especialmente en la incidencia de la violencia intrafamiliar.

Apenas 20.9% de los hogares latinoamericanos en el año 2005 respondía a una estructura patriarcal, al ser nucleares con padre y madre, el jefe varón dedicado exclusivamente al desempeño de una ocupación remunerada y la esposa a la realización del trabajo doméstico y a la crianza de los hijos e hijas. Entre los cambios que se han observado desde 1990 destaca el aumento de las familias monoparentales encabezadas por mujeres y el de los hogares unipersonales. Ahora predomina la familia nuclear diversa, con o sin hijos, mono o biparental, donde el hombre y la mujer trabajan de manera remunerada. Detrás de estas transformaciones hay fenómenos como la transición demográfica, el cambio en los patrones de empleo hacia una mayor precarización y más inestabilidad, la migración interna e internacional, y los efectos de la crisis financiera y económica actual. Con frecuencia el trabajo femenino permite salir de la pobreza a los hogares de la región latinoamericana.

Hay que reconocer aspectos positivos en estos cambios, entre ellos una mayor apertura para que las mujeres decidan casarse o no, para que entren al mercado laboral o permanezcan en el ámbito doméstico, para que tengan o no hijos. Sin embargo de ahí emergen los aspectos más polémicos. Por ejemplo, Olavarría cuestionó la posibilidad de que surja una nueva paternidad ante las demandas que establecen los mercados de trabajo globalizados para los hombres y las mujeres. Indicó que las corporaciones transnacionales y la globalización han reestructurado la organización del trabajo. Dado que el objetivo es incrementar los beneficios económicos, a cualquier instancia que limite la orientación al mercado y al lucro se le considera un riesgo, una rigidez que debe flexibilizarse. Los sindicatos se ven como un peligro.

Este modelo no incluye las condiciones idóneas para mantener relaciones más cercanas, constantes, lúdicas, con presencia física, con apego a las y los hijos. Las nuevas paternidades no son posibles, dada la cultura de las corporaciones transnacionales. Si se quiere desarrollar esta paternidad es necesario no entrar a las corporaciones o salir de ellas, pero ¿cómo sobrevivir?

Ante la magnitud y diversidad de tales problemas, algunos de los ponentes se refirieron a las políticas públicas que existen y las que son necesarias para favorecer a las familias en su relación con el trabajo y la pobreza. Se apuntó que es necesario que estas políticas partan de un enfoque en que estén presentes los derechos de las familias en toda su diversidad, así como los de sus integrantes: mujeres, hombres, niños, adultos de la tercera edad. Resulta necesario que el diseño de dichas políticas impulse la participación de las mismas familias en la identificación de sus necesidades y de las formas de apoyo a sus actividades y funciones.

En este marco, Oliveira centró su análisis en las acciones públicas que tienden a conciliar la vida familiar y la laboral. Aclaró que su mirada es crítica y cuestionadora. Las políticas de conciliación entre la familia y el trabajo surgen ante la creciente participación económica de la mujer en el mercado laboral, el aumento de las jefaturas femeninas, el incremento del tiempo laboral de las mujeres, y la escasa participación de los varones en los trabajos reproductivos.

Habría que cuestionar el concepto de “conciliación”, pues la palabra remite a negociar entre iguales, y en este caso la familia y el trabajo no lo son. Algunos autores proponen el término “compartir”. Lo que se busca no es precisamente compatibilizar, sino cambiar la división sexual del trabajo.

Se reconocen tres modalidades de políticas de conciliación: a) políticas secuenciales: hay flexibilidad en los horarios y lugares de trabajo; algunos de sus efectos son: la precarización de los empleos, la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo y la reproducción de las desigualdades de género en la realización de las tareas reproductivas; b) políticas derivativas: hay apoyo extrafamiliar y ahorro de tiempo, como subsidios para el cuidado, prolongación de horarios escolares y servicios en el lugar de trabajo; c) políticas de reasignación de responsabilidades: promueven los cambios culturales, la reorganización del tiempo familiar y el desarrollo de una paternidad responsable.

En estas acciones públicas que buscan conciliar la vida laboral y la familiar generalmente el sujeto de conciliación es la mujer, sin tomar en cuenta que la reproducción de la población y de la fuerza de trabajo es responsabilidad de la sociedad. Desde esta óptica, la legislación laboral también reproduce los patrones culturales de la división del trabajo. Por ejemplo, existe la licencia de maternidad y sólo en muy pocos países la de paternidad. Hay servicios de guardería para mujeres y no muchos para hombres.

Asimismo se analizaron en esta mesa las políticas focalizadas en la superación de la pobreza y su impacto en la vida familiar. Tepichín explicó sobre este tema que a partir de los años ochenta en México y en muchos países de América Latina se transitó de una tendencia estatal universal de los subsidios a la focalización hacia grupos específicos, reduciendo así la intervención del Estado.

Estas políticas focalizadas suelen basarse en un concepto de familia tradicional, en una visión “naturalista” del hombre y de la mujer. En consecuencia, la administración de los programas recae sobre las mujeres, lo que da pie a una sobrecarga de trabajo. A veces es enorme la presión para que las mujeres cumplan con los programas, y los hombres no participan.

Es necesario complejizar este modelo, redistribuir la asignación del tiempo. Las familias también son lugares de conflicto y están integradas por individuos, cada uno de los cuales cuenta con derechos. Aunque se reconozca la necesidad de focalizar, es necesario buscar un enfoque universal, reforzar la función de la política social, agregar los derechos de las minorías y generar un nuevo sentido de la universalidad.

Mesa III. Familias y derecho en el nuevo siglo

En esta mesa, coordinada y moderada por Lucía Melgar Palacios, profesora e investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, se presentaron algunos de los avances y retos en el campo del derecho en relación con la diversidad de las familias y los cambios socioculturales, económicos, médicos y tecnológicos que éstas enfrentan. Participaron Bárbara Yllán, abogada especialista en atención a víctimas, violencia y armonización legislativa, con su ponencia sobre “Legislación familiar y legitimación ideológica”; Rodolfo Millán, actual abogado de la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia, que se ocupó de “La sociedad de convivencia y los desafíos hacia la normalización”; Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que centró su exposición en “La situación y los derechos de jóvenes y niños”; el médico y escritor Arnoldo Kraus planteó desde la biomédica la pregunta “¿Es necesario hablar de eutanasia?”; además, Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México habló de “Familias y nuevas tecnologías, cambios y retos de la maternidad, la reproducción y la adopción”. En esta mesa fungió como comentarista la diputada Maricela Contreras Julián.

Lucía Melgar enfatizó la importancia de abrir desde lo académico espacios de discusión en los que se plantee otra visión de los modelos de familia y se reconozca la necesidad de diseñar nuevas políticas públicas que aseguren el cumplimiento de los derechos, recordando que vivimos en un Estado laico.

Desde esta perspectiva Bárbara Yllán mencionó que el papel de la ley es fundamental para legitimar el orden. No es un asunto menor buscar que sea en la ley donde se plasmen los cambios sociales. Si bien hasta hace poco tiempo el derecho civil era inamovible e inseparable del derecho familiar, hoy algunos estados, como Hidalgo y Morelos, tienen códigos elaborados ex profeso para normar lo relativo a la familia. El gran problema del derecho familiar, sin embargo, es que no se aplica.

En los casos de divorcio, por ejemplo, hay algunos puntos conflictivos y cambios importantes. Así, entre otros asuntos complicados, las obligaciones de crianza en términos iguales pueden convertirse en motivo de suspensión o limitación del régimen de visitas a los hijos, la custodia y la patria potestad. En pocos estados se da esta circunstancia; en el DF existe desde el año 2007. En general, para acreditar la violencia como causal de divorcio debía existir un evento claro y preciso de violencia, algo difícil de probar. La necesidad de pruebas agudiza los conflictos entre los cónyuges que están en vías de divorcio, por lo que, en el DF se aprobó en 2008 el divorcio sin causales. Éste no implica que se abandonen las obligaciones hacia los menores; por el contrario, el código del DF es de los pocos que definen el interés superior del menor, que sólo existe como tal en algunos códigos del país.

Es importante que el derecho familiar se haya vinculado con el derecho penal, de modo que se criminalicen las conductas familiares. Por ello, y para dar un trato igual a hombres y a mujeres (aunque exista desigualdad de poder y de facto), se está impulsando la justicia alternativa basada en la negociación, la mediación y la conciliación. Un punto conflictivo es que aunque la ONU ha desaconsejado la mediación para los casos de violencia hacia las mujeres, ésta se mantiene vigente en diversas leyes estatales. En lo que se refiere a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007, sólo Tlaxcala incluye sanciones específicas.

Para iluminar uno de los aspectos de la conformación de familias no tradicionales Rodolfo Millán se centró en el proceso que siguió la iniciativa de la Ley de Sociedades de Convivencia, aprobada en el DF en noviembre de 2006. Destacó entre otros aspectos que la normalización implica la institucionalización de la homosexualidad para crear normas protectoras de la igualdad y las libertades que garanticen su libre ejercicio. En la ley no existe una definición clara de conceptos como “moral pública”, “ataques a la moral, al pudor, a las buenas costumbres”, términos que se han usado para condenar la homosexualidad.

Explicó que en la iniciativa se planteó la necesidad de reconocer muchos tipos de familia y de no limitar los vínculos de afecto y de relación familiar en términos de parentesco. Sin embargo la propuesta de ley fue perdiendo cualidades jurídicas: fue excluida del Código Civil y se promulgó en una ley autónoma; no se incluyó el hecho de que pudiera generar relaciones familiares ni la posibilidad de que las sociedades fueran comunitarias.

En lo que se refiere a la separación, la sociedad de convivencia se puede disolver por voluntad de una sola de las partes (liberalidad potestativa). Este punto incidió después en la eliminación de las causales de divorcio en el DF.

En resumen, para Millán la sociedad de convivencia es: 1) una alternativa para garantizar los derechos de las parejas que no deseen contraer matrimonio; 2) el reconocimiento legal a los hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad; 3) la igualdad “en” la ley, una defensa del Estado laico y un valor esencial del proceso civilizatorio de la cultura occidental; 4) una forma de unión civil no equiparable al matrimonio.

Si se ampliara el horizonte de la figura legal y se concretaran las sociedades comunitarias, las sociedades de convivencia podrían ser una herramienta para cambiar de paradigma y proteger a las familias de elección.

En su intervención Emilio Álvarez Icaza se centró en la situación y los derechos de los jóvenes y los niños. En primer término afirmó que es necesario reconocer la diversidad de las familias, ya que existen más de 15 tipos. Afirmó que deben generarse condiciones de protección para sus integrantes, y, además, que no se puede hablar de los derechos de “la familia” o “las familias” sino del debate ético respecto a reconocer al otro o a la otra como sujeto de derechos, sobre todo a las niñas, niños y jóvenes. En lo que se refiere a los menores de edad, explicó que la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños, cuyo eje rector es la no discriminación, los reconoce como sujetos de derechos y acaba con la visión patrimonialista en cuanto a los hijos. Aunque México la ratificó en 1990, hoy un alto porcentaje de jóvenes y menores no tiene garantizados sus derechos en cuanto a empleo, alimentación, salud y hogar. Casi 50% de la población menor de 18 años vive en espacios con hacinamiento; 54% carece de acceso a algún servicio de seguridad social; 2.5 millones trabajan y no reciben educación.

En México priman las familias no democráticas, afirmó el ombudsman. Por eso hay que impulsar la mancuerna “democracia-derechos humanos”, lo que no significa ausencia total de autoridad. Desafortunadamente en la familia misma se crean condiciones de violencia: así, la mitad de los menores crece en este ambiente y la casa es el lugar más peligroso para las mujeres. Al respecto, otro problema es la falta de políticas públicas adecuadas, pues aún no existe en cada delegación política un albergue para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pese a que el acceso a éste les permitiría negociar sin poner en riesgo su integridad.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, la sexualidad es ahora un nuevo paradigma que no supone la reproducción, y sobre ello debe hablarse en la familia, pues, por ejemplo, el año pasado se presentaron 180 500 embarazos de jóvenes entre 15 y 17 años. Lo público y lo político deben redefinirse con fundamento en el ejercicio de los derechos; ésta debe ser la base para legislar, concluyó Álvarez Icaza.

Al ampliarse la expectativa de vida hay una mayor incidencia de enfermedades incurables, lo que ha dado un marco distinto a la discusión acerca de la eutanasia, de ahí que se considerara adecuado incluir este tema dentro del impacto del derecho en la familia y entre las cuestiones a las que el derecho debe aportar nuevas respuestas. Arnoldo Kraus abordó desde la bioética la cuestión de la eutanasia. Refirió que la sociedad civil ha venido presionando a las autoridades para que modifiquen las leyes que se aplican hacia el final de la vida, y planteó la necesidad de abordar este asunto desde una perspectiva ética.

La bioética estudia los aspectos éticos (ética laica) de la medicina, la biología y la vida del hombre; es la ciencia de la supervivencia del ser humano con relación a la sociedad y al mundo en general. Los cinco principios de la ética médica son: autonomía, beneficencia, justicia, confidencialidad y verdad. La autonomía es la capacidad del individuo de elegir lo que más le convenga, sin dañar a terceros.

La eutanasia, que nos lleva a comprender nuestra propia finitud y a hacernos dueños de esas decisiones, no está permitida en México. La hay de tres tipos: 1) la activa: inyectarle al paciente una sustancia; 2) la pasiva: dejar de hacer; 3) el suicidio asistido: proporcionar las sustancias para que el paciente se las aplique. En algunos estados de Estados Unidos se ha legislado tomando en cuenta la pérdida de la autonomía, de la dignidad y la incapacidad de gozar la vida.

Dado el impacto de las nuevas tecnologías, la doctora Mónica González Contró destacó algunas de las cuestiones que afectan hoy a la sociedad en lo que respecta a maternidad, reproducción y adopción.

Refirió que el derecho de familia ha venido transformándose en los siglos XX y XXI, para lo cual han influido: 1) el reconocimiento de la igualdad jurídica del hombre y la mujer; 2) el reconocimiento de la titularidad de derechos de las niñas y los niños (la adopción surge como figura jurídica y entendida como el derecho de las niñas y los niños a tener una familia); 3) el conocimiento de nuevas tecnologías para la procreación (hoy nos enfrentamos al reto de definir los conceptos de maternidad y paternidad). Sin embargo, el derecho de familia todavía es incapaz de responder a las nuevas tecnologías, en particular a la maternidad sustituta y la adopción.

La definición institucional de “familia” es muy importante, pues no debe ser tan restringida que viole los derechos, ni tan amplia que éstos se difuminen. Con frecuencia su definición en las entidades federativas está en contradicción con la legislación federal.

El Código Civil federal reconoce tres tipos de parentesco: consanguinidad (el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor y en la adopción plena), afinidad (el que se contrae por el matrimonio) y el civil (adquirido en la adopción simple).

La paternidad puede ser social (se atribuye el rol de padre), legal (reconocida por la ley) y genética. Los tres modos pueden coincidir o estar disociados. La maternidad puede ser social, genética y biológica. La madre gestante sustituta (lleva el embarazo a término y no proporciona material genético); la madre subrogada (lleva el embarazo a término y provee material genético); la madre contratante (la que conviene en utilizar los servicios de la madre gestante sustituta o la madre subrogada).

En algunos estados como Tabasco, se permite la maternidad sub-rogada, y en otros estados, como Coahuila, no se obliga a nadie a cumplir el contrato. Es necesaria, pues, una regulación homogénea.

Para terminar, la diputada Maricela Contreras Julián, como comentarista, planteó, entre otros asuntos, que:

  • En México la legislación nacional está en contradicción con algunos códigos civiles y penales de los estados, de ahí que se requiera practicar una serie de reformas.
  • Para la democracia, la legislación y las políticas públicas es preciso retomar y usar las categorías de perspectiva de género y clase social.
  • Es indudable la importancia del Estado laico como ámbito que permite la convivencia y respeta la diversidad de pensamientos.

Mesa IV. Violencia y familias

En esta mesa, coordinada y moderada por Soledad González Montes, profesora investigadora del Programa Interdisciplinario de la Mujer y el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, participaron Roberto Castro y Sonia Frías, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) con la ponencia “Maltrato familiar contra la infancia en México”; Ignacio Maldonado y Adriana Segovia, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A.C. con el tema “Premisas culturales que sostienen relaciones insatisfactorias o violentas y algunas intervenciones clínicas”. También estuvo presente Irma Saucedo González, consultora independiente, quien abordó el tema “Reflexiones sobre violencia, familias y democracia en México”. Además, para hablar de “La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” se contó con la presencia de Angélica de la Peña Gómez, ex diputada del PRD y una de las impulsoras de dicha ley.

Roberto Castro y Sonia Frías expusieron que la idea de violencia y maltrato hacia las niñas y los niños es reciente y aún hay una fuerte resistencia a tratar el tema, ya que el hacerlo implica cuestionar la seguridad que la sociedad y la familia supuestamente brindan a los menores. A pesar de las dificultades ese asunto es central en los estudios sobre salud, seguridad y derechos. Presentaron algunos hallazgos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2003 en la que participaron mujeres de 15 años en adelante, casadas y unidas en el momento de la encuesta, que es representativa de aproximadamente 54% de las mujeres mexicanas.

Se encontró que dos tercios de las mujeres encuestadas presenciaron durante su infancia violencia entre sus padres, sufrieron castigos físicos en esa etapa, y actualmente ejercen violencia sobre sus hijos. Reportó haber sufrido violencia física durante su infancia 40%, y en 59% de los casos fue la madre quien la ejerció (por pasar más tiempo al cuidado de los hijos), luego el padre, en 30% de los casos, y en 11% los hermanos.

Entre las mujeres que manifestaron haber sufrido violencia física en la infancia, 67% dijo que le pegaban “lo necesario” o “lo normal”, lo que habla de una sociedad que tolera la violencia que se ejerce sobre los menores. Entre los varones, esposos de las mujeres a las que se les aplicó la encuesta, 42% sufrió violencia física en la infancia y 22% reportó haber sido golpeado de forma “seguida y muy seguida”.

Por otro lado, 53% de las mujeres reconoció haber ejercido violencia física sobre sus hijos, y 20% de sus parejas declaró haber ejercido violencia contra los niños. De ellos, 97% dijo hacerlo de vez en cuando. Para los niños menores de 5 años la madre es la mayor perpetradora de violencia y quien la ejerce con más frecuencia. De esa edad en adelante, son los padres quienes golpean con mayor frecuencia. En las familias donde la mujer está empleada, con independencia de que el varón lo esté, los niños tienen menor riesgo de sufrir violencia física en comparación con los hogares donde el varón está empleado y la mujer no, o donde ambos están desempleados.

A medida que el estrato socioeconómico aumenta, la proporción de menores que sufren violencia física disminuye. Asimismo, a medida que aumenta el nivel educativo tanto de hombres como de mujeres, la violencia tiende a disminuir. Así, Castro y Frías concluyeron que los datos muestran que el ejercicio de castigos físicos contra los hijos sigue siendo una práctica ampliamente aceptada en nuestra sociedad. Esta aceptación puede estar asociada al hecho de que se percibe como una práctica “virtuosa”, destinada a corregir y a educar a los hijos.

En relación con estas premisas culturales que sostienen a la violencia como una práctica cotidiana, Maldonado y Segovia aseguraron que la base del problema se encuentra en una cultura patriarcal que se aferra a principios y valores conservadores, a partir de los cuales se rechaza y castiga a los miembros de la familia que no encuadran en el modelo que se cree “normal”. La concepción de lo “normal”, de “lo natural” y de “lo funcional” oprime el desarrollo de la diversidad de las familias y los valores realmente existentes. La norma cultural que trata de imponerse como la hegemónica, califica de incompletas y disfuncionales a las familias que no coinciden con el modelo ideal.

Los estereotipos rígidos de género presionan a hombres y mujeres hacia expectativas que muchas veces son inalcanzables. En este esquema se hace a la mujer responsable de la felicidad de la pareja, de los hijos, de la unidad familiar y del manejo de las emociones, mientras que al hombre proveedor se le releva de lo emocional. Cuando esta división sexual se vuelve rígida y polarizada, unos y otras ven fragmentadas sus capacidades humanas. Si a esta división se agrega la jerarquía de poder que suele conferirse al ámbito masculino, se tiene un caldo de cultivo para la insatisfacción y la violencia.

Maldonado y Segovia sostienen como conclusión que la experiencia clínica revela que lo más importante para la salud mental de los individuos y de las familias es la calidad de las relaciones, pues la seguridad se forja cuando en los vínculos predominan la confianza y el respeto. La fortaleza de las familias se construye mediante el reconocimiento y respeto de la diversidad de características de sus miembros, arribando a consensos a partir de la comunicación y el diálogo, y no de la condena de quien es diferente o piensa distinto no cumple con las expectativas de un modelo ideal. Las relaciones familiares, entre los géneros y las generaciones, se construyen socialmente, y por lo tanto pueden transformarse en función de la equidad y los derechos de sus miembros.

Desde otra perspectiva respecto a la violencia, Irma Saucedo afirmó que a partir de la definición de los acuerdos internacionales la violencia de género incluye una gran variedad de actos, como el hostigamiento sexual en el trabajo o la calle; la violación por extraños; la violencia doméstica que incluye violencia patrimonial, psicológica, física o sexual (violación marital, hostigamiento y abuso sexual a niños y niñas), hasta llegar al homicidio.

La violencia es un ejercicio de poder que incluye una gran variedad de actos violentos, que pueden ocurrir tanto dentro del hogar como en la esfera pública. Representa un continuo de vida de muchas mujeres y es un comportamiento anclado en aspectos culturales y de socialización que se consideran naturales en todos los ámbitos de la vida familiar, comunitaria y social.

En muchos casos la idea de la familia unida y protectora ha ayudado a mantener oculta la violencia cotidiana que experimentan las mujeres, las niñas y los niños que conviven en un espacio donde se identifica al hombre como responsable del mismo.

Las encuestas realizadas sobre la dinámica de los hogares (Endireh 2003 y Endireh 2006) muestran que una de cada dos mujeres que establece una relación de pareja tendrá un alto riesgo de sufrir violencia si no cuenta con mecanismos adecuados de protección. El abuso sexual es el tipo de violencia más encubierto y menos estudiado en nuestro país. La Endireh 2003 muestra que 9.4% de las mujeres y 3.5% de los hombres manifiestan haber sufrido algún tipo de abuso sexual e identifican claramente la diferencia por sexo.

México está en la vanguardia al haber firmado convenciones internacionales y aprobado leyes para prevenir la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, pero las personas preocupadas por esta problemática y la sociedad civil en general deben recordar al Estado y a la clase política que aún falta mucho por hacer. Deben enfatizar que la mayoría de las leyes no ha incorporado en su contenido los elementos que se requieren para garantizar a las mujeres y las niñas y los niños bajo su tutela, la protección que requieren ni un acceso efectivo al sistema de procuración de justicia, pues son varias sus deficiencias. Entre éstas, que no existe una política estatal integral, respaldada con recursos públicos adecuados, por lo que no se han garantizado los programas mínimos para cumplir con las necesidades en el ámbito nacional; no se han diseñado políticas integrales que incluyan los niveles de prevención primaria, intervención oportuna y reparación de daño; tampoco hay recursos adecuados para la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Además, no se han realizado diagnósticos estatales que ofrezcan cifras reales sobre la magnitud del problema y den elementos para la intervención, y faltan recursos para garantizar el establecimiento y la homologación de los servicios básicos de atención a mujeres, niñas y niños en el país, con especial atención a las zonas marginales y rurales.

Así, contamos con el marco normativo más adelantado de Latinoamérica, pero no con un presupuesto que alcance a cubrir al menos el límite inferior de las acciones que se requieren para avanzar en la desestructuración de esta problemática.

Tras apuntar a otra serie de carencias normativas y prácticas, Saucedo recomendó que se dé cumplimiento a la LGAMVLV, en particular con el diseño y la aplicación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que debería haber estado en función 60 días después de la publicación de la ley. De manera concreta planteó la urgencia de crear albergues temporales suficientes para las mujeres violentadas y los menores a su cargo; crear normativas específicas en el sistema de salud, consistentes con la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños para que las y los adolescentes víctimas de abuso sexual e incestuoso no requieran el acompañamiento de sus padres para solicitar servicios; asimismo capacitar adecuadamente a los jueces y a los ministerios públicos sobre la aplicación de los acuerdos de la Convención Belem Do Pará. Planteó también la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública diseñe y adecue programas de prevención en las escuelas primarias y secundarias para modificar los patrones que perpetúan la reproducción de la violencia en las relaciones erótico-afectivas.

Finalmente, y en relación con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Angélica de la Peña Gómez planteó que después de casi dos años de que ésta entrara en vigor, resulta preocupante la falta de políticas estructurales y de desarrollo para la protección real de los derechos humanos de las mujeres. Igualmente notoria es la carencia de procedimientos judiciales eficaces que eliminen la impunidad a fin de que se repare el daño con justicia frente a hechos que derivan en feminicidios o discriminación por condición de género.

La ley especifica que las mujeres deben gozar de todos sus derechos, sin discriminación de ningún tipo, y define el “empoderamiento” como un proceso mediante el cual ellas transitan de cualquier situación de opresión y desigualdad a la autodeterminación, la autonomía y el ejercicio del poder democrático de sus derechos y libertades. Coincidió con Irma Saucedo en que para la plena aplicación de la ley es necesario crear el Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Asimismo planteó que se requiere constituir un Banco Nacional de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra Mujeres y Niñas, un Diagnóstico Nacional sobre los Casos de Violencia, y que además debe instituirse la Alerta de Violencia de Género tanto federal como en las entidades federativas.

La LGAMVLV se aprobó tras las observaciones internacionales respecto de los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. La Investigación Diagnóstico sobre el Feminicidio en la República Mexicana, que fue llevada a cabo por la Comisión de Feminicidio presidida por la diputada Marcela Lagarde, evidenció que los asesinatos de mujeres, adolescentes y niñas por su condición de género están presentes en todos los estados, y que es notoria la incidencia de estos crímenes en algunas zonas, regiones, municipios, calles, poblados y núcleos habitacionales, todos con una característica común: la impunidad.

Algunos de estos homicidios se disfrazaron de accidentes, suicidios, crímenes “pasionales” o descuidos institucionales, ya fuera por comisión o por omisión, con base en la discriminación por condición de género. Los datos de las investigaciones evidencian que la violencia feminicida se perpetra en diversas entidades, con distinto grado de desarrollo y diferente encuadre social y cultural, en zonas urbanas y rurales, en algunas regiones de la frontera norte y en otras de la del sur. Hay hechos que obedecen a motivaciones políticas, otros tienen que ver con la delincuencia común, otros con la delincuencia organizada y unos más suceden en la vida doméstica y cotidiana de las mujeres.

La ex diputada refirió que hasta ahora se han aprobado 30 leyes locales, pero faltan en los estados de Oaxaca y Guanajuato. El gobierno federal impulsa por un lado campañas contra la violencia hacia las mujeres, y por otro expresa en voz de su titular un discurso misógino y se compromete con un modelo de familia en que casi se anuncia la derogación del divorcio por tratarse de algo pernicioso, como dice uno de los lemas del VI Encuentro Mundial de las Familias. Frente a los obstáculos a la aplicación de la ley, De la Peña consideró necesario legitimar la información veraz, científica y objetiva, y tejer alianzas entre la sociedad civil y las instituciones progresistas. Para finalizar recalcó que es preciso insistir con todas las voces y en todos los espacios en el respeto a la Carta Magna, a las garantías individuales y sociales, y a los valores del Estado laico en que se sustenta nuestro marco jurídico.

Mesa V. Ética y valores en las relaciones familiares

Esta mesa fue coordinada y moderada por María Consuelo Mejía, directora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir en México. Su propósito fue reflexionar sobre la ética y los valores en las relaciones familiares, y contextualizar la problemática existente alrededor del tema. Participaron fray Julián Cruzalta, miembro fundador del Centro Fray Francisco de Vitoria, maestro en teología moral y asesor de Católicas por el Derecho a Decidir, con la ponencia “Ética y valores asociados a las familias desde la perspectiva católica”; el director ejecutivo de los Derechos de la Infancia en México, A.C. y miembro de la Coordinación Regional de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Gerardo Sauri, con el tema “Violaciones a los derechos humanos en el ámbito familiar”; la doctora en sociología por la Universidad de Yale y actual investigadora del Instituto Mora, Beatriz Schmukler, con su ponencia sobre “Democracia en las familias”; la investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e integrante del Observatorio de los Derechos de las Mujeres, Ángela Alfarache, que abordó el tema “Lesbofobia y homofobia en las familias”; y la directora de Afluentes, Gabriela Rodríguez, que centró su exposición en “Sexo y comunicación en la familia”. La licenciada Perla Patricia Bustamante Corona, directora general de Conapred, formuló un comentario general.

En su introducción María Consuelo Mejía expuso que las prácticas éticas han sido tomadas como justificación por quienes consideran que la única forma de familia es la patriarcal; apoyó su afirmación en lo expuesto en el VI Encuentro Mundial de las Familias, que intenta seguir constriñendo la autonomía de las mujeres: “es inaudito que se siga culpando a las mujeres por las agresiones de los hombres y que se siga castigando el uso de píldoras anticonceptivas”. Afirmó que consecuentemente la mayoría de la población recibe mensajes negativos, irreales e irrespetuosos de los derechos de las personas.

Fray Julián Cruzalta cuestionó la “universalidad” del discurso expuesto en el VI Encuentro de las Familias, pues en su opinión poco tiene que ver con el mundo católico y cristiano, en particular con el actual, en tanto se trata de una argumentación sin lugar y sin tiempo. Si bien los modelos de familia propuestos son relativamente recientes, no hay que olvidar que Jesucristo dejó a su familia para convertirse y convertir a sus seguidores en desplazados, y estableció un nuevo grupo familiar con otros valores y ética, donde no existía la figura paterna, pues todos eran hermanos y hermanas; movía a quien lo seguía, a ser diferente. Por ello, afirmó: “los valores que el cristianismo promueve en la familia son la solidaridad, la fraternidad y la igualdad, así como la apertura a ser diferente”. Para él, ésas son las nuevas familias, y no las que propone el Encuentro convocado por el Vaticano.

Otro tema importante fue el de los derechos de la infancia. Al respecto Gerardo Sauri mencionó que el problema central son las reformas jurídicas que se han instituido en casi toda Latinoamérica, pues no han reformulado el contrato social con niños y niñas para tomarlos en cuenta como un grupo social separado, digno de ser atendido y estudiado. A menudo, dijo, la agenda de los derechos de la infancia se incluye en la agenda de las familias, lo cual fortalece una estructura patriarcal donde los niños aprenden y viven en desigualdad entre ellos mismos y con los adultos. Entonces, enfatizó, se debe reconocer que los derechos de la infancia representan un profundo cuestionamiento a la concentración de los poderes desiguales en manos de unos cuantos.

Cuestionó también el rol de la escuela, que no permite que las niñas y los niños sean sujetos activos con capacidad de tomar decisiones a temprana edad sobre lo que les afecta. Asimismo se refirió a la dificultad de quienes trabajan en defensa de los derechos humanos para reconocerlos como un grupo excluido que requiere espacios de representación social donde puedan tomar decisiones. Expuso que si bien la Convención de la Infancia, al igual que otros tratados internacionales, refuerza la idea de que la familia es el espacio central para el desarrollo, no establece un modelo especial de familia; de ahí la importante función y responsabilidad del Estado en el fortalecimiento del grupo familiar, tomando en cuenta los derechos de niñas y niños.

En relación con los grupos familiares y la obligación del Estado de fortalecerlos, Beatriz Schmukler mencionó que la ética del enfoque de democracia familiar debe contribuir a consolidar una cultura anclada en la corresponsabilidad, el diálogo, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género en las relaciones, y la equidad intergeneracional; es decir, debe incorporar un sentido ético en una elección, una decisión y una acción donde se promuevan el potencial y el bienestar humanos, así como favorecer la exploración de prácticas que permitan a las personas alcanzar lo que entienden por una vida digna de ser vivida. En general, expuso, la ética vinculada a las políticas internacionales se relaciona con la manera en que la sociedad se moldea con medidas que dignifican a sus habitantes en materia de educación, salud, vivienda, libertad, equidad y democracia. Sin embargo, dijo, no hemos sido capaces de convertir en hechos muchos de estos principios.

Así pues, para transformar las políticas públicas, en especial las dirigidas a las familias, se debe reconocer como válida la diversidad de sus estructuras y de sus modos de convivencia, además de proveerles los medios para que puedan convertirse en agentes de resolución de sus propias crisis sin caer en la violencia y el desamparo. El Estado debe ser un garante de la diversidad y no un obstáculo para el respeto que se le debe. No hay formas ideales de familia que puedan ser impuestas o sugeridas por alguna organización social o institución pública: “el Estado tiene que desarrollar una protección de los ciudadanos para que puedan transitar de un camino de relaciones privadas a uno de relaciones con libertad y seguridad”, finalizó.

Desde esa perspectiva, un grave problema relacionado con la seguridad, la libertad, los grupos familiares y, por supuesto, la ética, es el de la homofobia y la lesbofobia. Según Ángela Alfarache, “el núcleo de la lesbofobia es el sexismo en el que se articulan el machismo, la misoginia y la homofobia, lo que conlleva a la expulsión y la separación de las lesbianas de determinados espacios sociales y culturales, pero principalmente de los espacios de los derechos humanos de las mujeres”. En la sociedad existe una clara y rígida separación entre lo masculino y lo femenino, una jerarquización de los géneros y de las sexualidades, así como normas establecidas de lo permitido y lo prohibido, lo que implica la supremacía de los hombres sobre las mujeres y de los heterosexuales sobre los homosexuales.

Además afirmó que a diferencia de la mayoría de quienes sufren discriminación por alguna condición de raza, lengua o religión, los homosexuales no cuentan con el apoyo familiar, de manera que el miedo de las lesbianas a no ser reconocidas por la familia se vuelve fundamental y ocasiona que la identidad lésbica totalice su identidad y ellas pasen de ser hija, hermana, o tía, a ser la lesbiana de la familia, lo que dificulta apreciarlas integralmente. Otro miedo importante que enfrentan es la pérdida, en particular en el caso de las adolescentes, que quedan en total desprotección, es decir, sin recursos económicos, laborales o emocionales para sobrevivir. Manifestó también que es fundamental que el movimiento feminista actual luche por articular tres ejes con el fin de construir un mundo en el que todas las lesbianas sean libres y vivan seguras, con dignidad y en igualdad: 1) la visibilidad de las lesbianas, 2) su libertad y 3) su credibilidad.

Finalmente, en un panorama más general Gabriela Rodríguez habló de los resultados de diversas investigaciones relacionadas con la sexualidad en la familia desde la visión de los y las adolescentes. Ella encontró que entre los adolescentes y sus padres no se habla de sexualidad y sentimientos, pero sí de protección, anticonceptivos y VIH/sida. Si bien los jóvenes actuales consideran que los miembros de su familia los apoyan y son solidarios, solamente 8% piensa que respetan sus decisiones. Respecto a la violencia y el abuso infantil destacó que la estructura familiar no está asociada a un tipo de violencia en particular, a pesar de que múltiples factores contribuyen a desatarla: el consumo de alcohol y drogas, una historia previa de abusos, la falta de afecto, el desencuentro o ruptura familiar, el aislamiento y la falta de redes sociales de apoyo, la desatención de los padres y madres de familia, el desempleo y la pobreza, y el desconocimiento de los derechos humanos, en especial de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes.

Es preocupante la intolerancia, pues si bien menos de la mitad de los jóvenes tolera a los homosexuales, un estudio reciente reporta los graves daños a la salud mental de los hijos gays, lesbianas y bisexuales cuando sufren el rechazo de sus padres, ya que entre ellos hay mayores índices de suicidio, adicciones y conductas de riesgo. Manifestó que los medios de comunicación son los únicos que además de regular, liberan y permiten una expresión abierta de la sexualidad. Por ello la maestra Rodríguez hizo un llamado de alerta ante la regresión política que ocurre en el mundo y en el país:

el debilitamiento de la laicidad del Estado y la alianza entre políticos y jerarcas, que promulgan una agenda centrada en la homofobia, la oposición beligerante al aborto, al condón, a la anticoncepción, y al divorcio, y la censura de los libros de texto para eliminar contenidos relacionados con la educación sexual, y enaltece el matrimonio heterosexual y perpetuo.

Así, propuso algunos puntos que convendría incluir en las políticas de Estado, como: empoderar a niñas, niños y adolescentes; impulsar una educación sexual con enfoque de derechos en la casa y en la escuela; comprometer a los medios para que difundan los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, los niños y los adolescentes; precisar el sentido actual del Estado laico; afirmar la exigibilidad de compromisos multilaterales; plantear mecanismos formales de colaboración con organizaciones civiles; y promover el trabajo estratégico en el ámbito estatal.

Para finalizar, la licenciada Perla Patricia Bustamante Corona, directora general de Conapred, reiteró que la democracia es “el respeto a lo diferente, a lo diverso”, por lo que se deben propiciar las condiciones necesarias para la convivencia en un país multicultural. Para terminar expresó su compromiso de responder a los planteamientos de este seminario, conforme a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Mesa VI. Políticas públicas y familias

Esta mesa estuvo coordinada y moderada por Clara Jusidman, presidenta honoraria de Incide Social México. El objetivo fue revisar el papel del Estado y de sus instituciones en la protección social de las familias, la forma en que éstas han sido concebidas en las políticas y programas públicos, y los desafíos que para ellos representan las transformaciones familiares en un contexto globalizado, de cambios económicos, sociales y culturales.

Estuvieron presentes Juliana Martínez Franzoni, académica del Instituto de Investigaciones Sociales y de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, que presentó la ponencia “Regímenes de bienestar y protección social en América Latina: ¿hay alternativa a familia y más familias?”; Lluis Flaquer, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien se ocupó de “Las políticas familiares en España en el marco de la Unión Europea”; Guadalupe Ordaz, socia fundadora de Incide Social, A.C. y coordinadora del Observatorio de Familias y Políticas Públicas, con la ponencia “Políticas públicas y familias en México: tendencias y desafíos”; Manuel Ribeiro, investigador de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que habló sobre “Retos de las políticas públicas para las familias: la experiencia de Nuevo León”; y José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el trabajo titulado “Hacia un nuevo derecho de familia: jurisprudencia reciente de la Corte”. Al finalizar la ronda de ponencias, Mario Luis Fuentes, del Centro de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, y Clara Jusidman presentaron sus comentarios.

Franzoni expuso que el bienestar en el mundo real depende de la articulación de políticas públicas que permitan la interacción del Estado, el mercado y las familias. En los países del sur del planeta el bienestar depende en gran medida de las familias y de las redes de apoyo comunitario, pues el Estado es incapaz de distribuir convenientemente los recursos como se hace en el norte, además generalmente cuando se habla de familias se habla de mujeres. Para entender a cabalidad los regímenes de bienestar es necesario precisar que mediante el trabajo remunerado los individuos adquieren bienes y servicios (mercantilización del bienestar), y por medio de las instituciones gubernamentales se realizan asignaciones de recursos que satisfacen algunos requerimientos (desmercantilización del bienestar); finalmente mencionó que hay países de la región donde mediante el respeto a los derechos humanos de las mujeres se ha logrado que ellas no asuman necesariamente las tareas domésticas, y así se han alcanzado ciertos niveles de desfamiliarización del bienestar de las personas. El bienestar está dado por el grado en que los mercados domésticos absorben y remuneran la fuerza de trabajo, el grado de distribución gubernamental según cantidad, asignación y cobertura, y el grado de autonomía del trabajo femenino de tiempo completo. Por ello, un régimen de bienestar será mejor en la medida en que logre altos niveles en los tres aspectos.

Franzoni aseguró que es fundamental identificar las características específicas del régimen de bienestar de cada país latinoamericano y de cada región dentro de un mismo país, pues esto hará posible elaborar un menú o una agenda de políticas públicas para las familias que será mucho más pertinente y estará más acorde con la región.

Sobre las políticas familiares en España, Lluis Flaquer aseguró que el mercado laboral es dual: por un lado están los trabajadores bien protegidos y, por el otro los que se hallan en situación precaria, y aunque hay una baja participación femenina como resultante del franquismo, desde finales de los noventa la evolución del empleo en ese país ha sido positiva y la actividad de las madres se ha incrementado. Además, otro legado del franquismo ha sido que las políticas familiares se hayan desarrollado de manera escasa y tardía, pues persisten las altas tasas de desempleo femenino, de hogares donde sólo trabaja el varón, y la tasa de divorcio es la más alta de la Unión Europea.

Algunos de los instrumentos de las políticas familiares en España son: prestaciones por hijo a cargo y desgravaciones fiscales por descendientes solteros; permisos y prestaciones de maternidad; licencias parentales, y atención y educación infantil. Entre los principales resultados de las inadecuadas políticas familiares figuran los altos niveles de fracaso escolar y pobreza infantil, que se relacionan con el modelo productivo español, pues los chicos, y no las mujeres, se van a trabajar en la construcción en vez de seguir estudiando; se trata del único rasgo de discriminación hacia los hombres. Así pues, Lluis Flaquer propuso que las políticas familiares se vean como inversión y no como gasto; es decir, que se promueva una mayor afinidad entre las políticas de familia y las de formación de capital humano; que se considere que las políticas familiares son un requisito indispensable para el éxito de las políticas educativas, y que el desarrollo de los derechos de la infancia es un factor clave para el avance de las políticas familiares.

Guadalupe Ordaz habló sobre las políticas públicas en México; afirmó, con base en estadísticas, que México es un país cada vez más pobre, más desigual, sin prestaciones sociales, sin opciones de empleo formal y, en consecuencia, con grandes cambios en la vida de las familias y de sus integrantes, cualquiera que sea su configuración. Frente a estas realidades, el ejecutivo federal aseguró en el VI Encuentro Mundial de las Familias que la violencia y la criminalidad que se viven en el país tienen su origen en los divorcios, en las madres solteras y en las parejas del mismo sexo, consideradas todas familias disfuncionales y desintegradas.

Ordaz manifestó que ante problemas complejos, las instituciones del Estado mexicano brindan soluciones reduccionistas y ahistóricas que liberan al Estado mexicano de asumir su responsabilidad y compromiso frente al deterioro en la calidad de vida de las familias. El DIF no presenta en su agenda una política pública amistosa para las familias y la mujer, pese a que cuenta con las atribuciones, la infraestructura y los recursos necesarios; en cambio quienes plantean estas propuestas son las instituciones a cargo de los asuntos de género, cuyas atribuciones, ámbitos de competencia e infraestructura son más restringidos. Adicionalmente, la administración foxista diseñó una estrategia para que mediante la gestión del DIF se incluya en todas las políticas públicas lo que se ha denominado “enfoque de familia”, en sustitución del “enfoque de género”. Resulta alarmante que la definición de política familiar se base en los planteamientos del Congreso de Católicos y Vida Pública que en 1999 se celebró en España.

Manifestó que los funcionarios públicos se han convertido en empleados y representantes de los poderes fácticos de este país, de tal forma que las políticas públicas se establecen para el beneficio máximo y único de unos pocos privilegiados o para responder a intereses políticos electorales. Por ello las instituciones del Estado, a quienes en este foro se les demanda que garanticen a las familias las condiciones para desarrollarse con seguridad económica, certeza jurídica, equidad, aceptación social y libertad, están en riesgo. Un reto fundamental será rescatar al Estado laico mexicano como representante del conjunto de la sociedad, y no de unos cuantos.

Manuel Ribeiro mencionó que la familia tiene que ver con la intimidad y la privacidad, por lo que la función del Estado es apoyarla y no regularla, aunque en México su posición no es neutra, pues suele privilegiar un modelo sobre otro. Tal es el caso de Nuevo León, donde en 2007 se presentó una iniciativa de ley en materia de familia que retomó la declaración de derechos de familia del Vaticano que pretendía eliminar la tolerancia a las circunstancias en que se despenaliza el aborto; tenía la clara intención de hacer más difícil el divorcio, al verlo como causa de problemática social; invitaba a las mujeres a quedarse en su casa y a asumir que eran culpables de grandes males si la abandonaban; y pretendía crear un instituto de la familia para sustituir al instituto de las mujeres; es decir, se trataba de cambiar el enfoque de género por un enfoque de familia. Concluyó:

¿Qué dimensión debe darse a las políticas familiares? ¿Quién tiene la razón cuando hay muchos temas de la agenda pública que tocan a la familia y deben ser atendidos? ¿Cómo superar este debate de los grupos alternos? ¿Se trata de un dilema epistemológico, o sigue siendo un desafío decidir la orientación de la política social de la familia?

José Ramón Cossío observó que cuando los ministros de la Suprema Corte formulan decisiones sobre temas sustantivos de la vida común de una sociedad hacen política pública, no electoral ni partidista, y definen las características de la vida comunitaria. En materia de derecho de familia, mencionó, se están haciendo planteamientos en relación con la constitucionalidad de las normas que regulan sus relaciones, por lo que se tienen que ver las relaciones familiares a la luz de las disposiciones constitucionales para saber si lo que hizo el legislador es o no adecuado; ahí aparece una posibilidad interpretativa de las relaciones familiares. Ello ha dado luz en decisiones como la transexualidad, la identidad, la paternidad y la prueba de ADN, la reformulación de las causales de divorcio, los derechos procesales de los menores, el interés superior del menor, el derecho a la salud y el reconocimiento a la pluralidad de las familias, que se introdujo en una decisión de la Suprema Corte de Justicia que reconoció al menos 16 modelos de familia de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, o en el caso de la ampliación de los derechos de las víctimas en materia de abuso o daño infligido por tutores, sobre todo tratándose de menores.

La Corte, entonces, ha participado en interesantes ejercicios, como en el caso de la interrupción legal del embarazo en el DF en que hubo un gran interés de la sociedad civil, algo que no suele ocurrir. Como conclusión expuso que debe considerarse la enorme capacidad de los tribunales en la construcción de políticas públicas por la vía de las decisiones judiciales, para enriquecer el derecho de familia; asimismo conviene promover una mayor participación ciudadana en las resoluciones de la Corte.

Entre sus comentarios Mario Luis Fuentes expuso que uno de los bienes más preciados es la justicia, sobre todo en lo concerniente a las mujeres, los niños y la familia: “hoy día el Estado ha desarrollado un proceso de desarticulación importante que en términos de legislación y políticas públicas sólo refleja nociones específicas de familia”, afirmó. A pesar de que el DIF se ha encargado de proteger a las familias en riesgo de rupturas, no existe un desarrollo integral de la familia, pues sus sistemas se han quedado con una función limitada que no responde a las necesidades actuales. Por lo tanto, concluyó, la noción de riesgos sigue atrapada en las políticas de salud y desarrollo social, como si todos los bienes y servicios tuvieran que ser monetarizados, cuando la política social tiene que ver con personas que trabajan para personas.

Clara Jusidman comentó que las políticas públicas, incluyendo la legislación, no son imparciales ni neutras, y plasman las ideologías de quienes las elaboran. Que nuestras políticas gubernamentales sólo sean de y para unos cuantos es resultado de lo complejo de nuestra sociedad y de la falta de mecanismos interactivos de participación. La definición de las políticas públicas debería tener como base el respeto de los derechos humanos, dada la diversidad cultural, religiosa e ideológica del país; sin embargo las políticas actuales responden a una concepción androcéntrica y nucleocéntrica. Desde esa perspectiva, lo que debiera trabajarse en políticas públicas se encuentra en tres vertientes: 1) incorporar el enfoque de familias diversas en las políticas públicas, y en sincronía con el enfoque de género y de derechos humanos; 2) definir políticas específicas que asistan y protejan a las familias, como conglomerados diversos; 3) generar en el interior de las familias un ambiente de respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes mediante el desarrollo de la legislación y los servicios. Finalmente manifestó que es necesario que las políticas coloquen el beneficio de las personas y las familias por encima de los intereses personales de poder y de dinero, y demandó: “se requiere superar las visiones del Estado como un facilitador del mercado; hay que pasar a postular la necesidad de un Estado consistente con y para la democracia, junto con una sociedad civil presente y activa”.

Presentación de declaratoria y clausura1

La clausura se inició con el agradecimiento a todos los integrantes del comité organizador del seminario. A continuación se presentó a las integrantes del presídium, entre ellas las diputadas federales y locales, la directora de Inmujeres-DF y una representante del Inmujeres nacional, así como académicas del PUEG, el PIEM y El Colegio de México. Coordinó esta sesión José Aguilar Gil, presidente de la Red Democracia y Sexualidad.

José Aguilar destacó la participación de gente nueva y la presencia de un gran número de asistentes; el público se amplió mediante la transmisión de este seminario en vivo por la red. Agradeció a la sociedad civil, a las televisoras y a los programas de radio la amplia cobertura que dieron en los medios de comunicación a tan exitosa reunión. Agregó que este foro académico permitió equilibrar los discursos del encuentro pastoral organizado por la Iglesia, y que se caracterizó por el rigor académico de las ponencias, que enfatizaron la importancia del Estado laico y de la promoción de los derechos humanos. A partir del reconocimiento de la diversidad, del esfuerzo de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil, dijo, es que podemos caminar juntos hacia una meta común: el bienestar de las familias mexicanas.

A continuación Lucía Melgar y Guadalupe Ordaz dieron lectura a la “Declaratoria del Seminario Familias en el siglo XXI”. Este texto se le entregó a representantes de los tres poderes y se extendió una amplia invitación a adherirse a él. La declaratoria se puede consultar en las páginas web de las diferentes organizaciones. Se promoverá su difusión en los estados de la República.

Tras los comentarios de algunas de las integrantes del presídium se clausuraron formalmente los trabajos del seminario. Se agradeció el interés de todas las personas provenientes de otros estados y países, a los ponentes, al equipo de labor secretarial y de logística, a la organización Afluentes, a El Colegio de México, al equipo de relatores, a los integrantes del Comité Científico, a la Fundación Ford, al Fondo de Población de Naciones Unidas, a Unifem, a Population Council y a Susana Lerner.

Aplausos.

Familias en el siglo XXI: Declaratoria de la Ciudad de México

El Comité Científico del Seminario “Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas”, celebrado en la Ciudad de México los días 19 y 20 de enero de 2009, conformado por integrantes de instituciones académicas, de la sociedad civil, de organismos públicos nacionales e internacionales, reunidos en El Colegio de México con el propósito de analizar la situación y cambios que están viviendo las familias, en un contexto plural, tolerante y respetuoso, declaramos que:

  1. 1. Coincidimos en la preocupación que diversos actores sociales en nuestro país y en el mundo manifiestan en relación con las problemáticas que aquejan a las familias y a sus integrantes y en la necesidad de diseñar e instrumentar políticas y programas públicos dirigidos a las familias, consideradas como grupo primario de convivencia, seguridad, protección y afecto de los seres humanos. Los estereotipos de género, la pobreza y la desigualdad social crean expectativas muchas veces injustas e inalcanzables que propician inequidades, frustración, falta de libertad, en particular de las mujeres, la juventud y la infancia, y violencia familiar y social. En este contexto reconocemos la necesidad de encontrar puntos de confluencia entre todos los actores sociales, económicos y políticos del país que nos permitan sumar esfuerzos y recursos que favorezcan la protección social de las familias y de todos sus integrantes.
  2. 2. A partir de los estudios y diagnósticos recientes acerca de la realidad de las familias mexicanas, reconocemos su diversidad en términos sociodemográficos, económicos, culturales y religiosos, así como los retos que enfrentan en un contexto de crisis económica y de violencia generalizada. Consideramos necesario comunicar a la opinión pública y al Estado mexicano en sus distintos niveles nuestras preocupaciones, propuestas y demandas en beneficio de las familias y del fortalecimiento de la vida democrática, en el marco del Estado laico como principio de convivencia en la diversidad y como ámbito que permite la pluralidad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Familias y cambios sociodemográficos

  1. 3. Lejos de una supuesta existencia natural, las familias son producto de la evolución histórica y cultural de las distintas sociedades. Las transformaciones de la sociedad mexicana exigen del Estado mexicano el reconocimiento y atención a los fenómenos emergentes que han generado transformaciones en las personas y en las familias, como son los avances tecnológicos, las migraciones, la reducción de la fecundidad, la ampliación de la esperanza de vida, el envejecimiento poblacional, los cambios en el mundo del trabajo, las crisis de crecimiento, empleo e ingresos, la incertidumbre social, entre otras.
  2. 4. Las políticas públicas deben partir de diagnósticos actualizados que recojan los hallazgos científicos más recientes sobre la diversidad y complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares y reconocer las nuevas problemáticas que afectan a las familias.

Pobreza, familia y trabajo

  1. 5. Las políticas económicas de las últimas décadas, en particular el lento crecimiento y la baja generación de empleos, más la contención salarial y la vulneración sistemática de los derechos laborales, han provocado un deterioro en la calidad de vida de las familias y una creciente inseguridad económica y social que tensiona las relaciones familiares, propicia las migraciones y aumenta la violencia en sus diversas manifestaciones. Estas condiciones han incidido en la transformación de la organización, dinámica, ciclo y composición de las familias.
  2. 6. A la vez, el adelgazamiento de los programas sociales de amplia cobertura, la privatización y la pérdida de calidad de los servicios estatales, han trasladado responsabilidades y riesgos de la esfera pública a las familias y las personas, afectando de manera particular a mujeres y jóvenes.
  3. 7. Muchas familias mexicanas, especialmente las más pobres, enfrentan necesidades económicas y sociales verdaderamente apremiantes. En este contexto, muchas mujeres se ven obligadas a buscar una ocupación remunerada sin dejar de realizar las tareas domésticas y de cuidado de sus hijos e hijas y de las personas adultas mayores. Urge reconocer esta sobrecarga de trabajo y definir el cuidado y la protección intergeneracional como un asunto de interés público y objeto de políticas de Estado. Es preciso promover un reparto más equitativo de las responsabilidades entre los diversos actores sociales, entre sexos y generaciones, que no rezague social, cultural ni económicamente a las mujeres y las niñas.
  4. 8. Exigimos un nuevo pacto social entre Estado, empresas y familias, con una concepción amplia de las familias, que sea respetuosa de los derechos humanos y promueva una efectiva conciliación entre el trabajo para el mercado, el trabajo doméstico y de cuidado, y la provisión de servicios públicos.

Violencia y familias

  1. 9. Uno de los desafíos para todos los actores sociales, económicos, políticos y religiosos es la eliminación de cualquier forma de violencia hacia los integrantes de las familias, cualquiera que sea su arreglo de convivencia.
  2. 10. La violencia física, emocional, sexual y económica en las familias afecta a todos sus integrantes, en especial a las mujeres; casi la mitad de ellas han sufrido algún incidente de violencia a lo largo de su última relación conyugal. Al mismo tiempo, la violencia que se ejerce sobre las niñas y los niños, sigue siendo una práctica ampliamente difundida y tolerada en México, lo que es urgente revertir.
  3. 11. El gobierno mexicano ha reconocido la importancia del problema de la violencia de género y ha firmado y ratificado todos los instrumentos internacionales sobre la materia. A pesar de los avances legislativos, normativos e institucionales en el ámbito federal, urge una política integral que dé una respuesta efectiva en cuanto a programas para la prevención, detección, atención y sanción de las diferentes formas de violencia de género y familiar.

Familias y derecho en el nuevo siglo

  1. 12. Es prioritario impulsar un nuevo Derecho de las Familias que reconozca los diversos arreglos familiares más allá de la consanguinidad, que preserve los derechos y la dignidad de cada uno de sus integrantes y que promueva relaciones equitativas y justas.
  2. 13. Es preciso actualizar la legislación y promover reformas institucionales para adecuar las normas relativas a la identidad, estado civil, arreglos familiares, formas de convivencia, matrimonio, adopción, reproducción, sexualidad, divorcio, herencia, cuidado, muerte digna y derechos de los integrantes de las diversas estructuras familiares, de cara a los cambios sociodemográficos, culturales, científicos y tecnológicos para garantizar la libertad de elección y de conciencia y el pleno respeto a los derechos humanos.
  3. 14. Asimismo, se requieren instrumentos y políticas públicas que favorezcan la convivencia democrática en las familias y que impidan que las violaciones a los derechos de las personas, cometidas dentro o fuera del ámbito familiar, por parte de individuos o de instancias gubernamentales o sus agentes, queden en la impunidad.

Ética y valores

  1. 15. Reconocemos la creciente diversidad religiosa y de creencias en las familias y la necesidad de que las distintas tradiciones filosóficas atiendan las nuevas problemáticas que aquejan a las comunidades familiares, para ofrecer respuestas nuevas a realidades nuevas.
  2. 16. Las familias son vitales en la existencia, convivencia y vida espiritual de los seres humanos. Consideramos que lo esencial son los vínculos y el tipo de relaciones que se tejen en ellas, y los valores para la vida democrática y ciudadana: libertad, solidaridad, equidad, respeto, igualdad y tolerancia. Debe respetarse la voluntad de unir afectos, esfuerzos y patrimonios, independientemente de que la familia esté constituida por padres o madres sin cónyuge, por una pareja de homosexuales, lesbianas o bisexuales, por personas unidas en segundas nupcias o integrada por diversas generaciones.
  3. 17. El Estado debe crear un marco propicio para que las familias puedan informar a hijos e hijas sobre la dignidad y respeto del cuerpo y de los deseos propios y ajenos y favorecer una expresión libre, responsable y placentera de la sexualidad, sin discriminación entre hijos e hijas, cualquiera que sea su orientación sexual, y con apego a los derechos humanos.
  4. 18. En este mismo sentido, el Estado debe garantizar el acceso a una educación pública y gratuita de calidad, apegada a los principios del laicismo, como base para la formación de una ciudadanía democrática, plural y tolerante.

Políticas públicas y familias

  1. 19. Es obligación del Estado mexicano garantizar que las familias, en cada momento de su ciclo de vida, cuenten con condiciones para desarrollarse con seguridad económica, certeza jurídica, equidad, aceptación social y libertad.
  2. 20. Para construir un verdadero Estado de Derecho, una vida democrática con justicia social y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos y todas, es urgente crear las bases de un nuevo pacto social que surja de un diálogo amplio, incluyente, constructivo y respetuoso. Este pacto habrá de reconocer la heterogeneidad que caracteriza hoy a la sociedad mexicana y a las familias, e impulsar el desarrollo de las instituciones, la legislación, la procuración de justicia, las políticas públicas y los acuerdos sociales, para implementar sistemas de protección social hacia las familias y sus integrantes.
  3. 21. Demandamos que el Estado en todos sus niveles asuma su responsabilidad ética ante la sociedad y que sus funcionarios tengan la calidad moral y profesional necesaria para responder con eficacia y responsabilidad a las necesidades de las familias y personas. El Estado debe ver en la ciudadanía sujetos de derechos a los que ha de rendir cuentas y no clientela política.
  4. 22. Exigimos el respeto al principio de laicidad del Estado. Refrendarlo como base de las instituciones y de las políticas públicas en México es indispensable para dar cabida a la diversidad religiosa, ideológica y filosófica y favorecer una convivencia respetuosa en la pluralidad.
  5. Ciudad de México, enero de 2009.

Comité Científico del Seminario “Familias en el siglo XXI; realidades diversas y políticas públicas”

Susana Lerner, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México; María Consuelo Mejía, Católicas por el Derecho a Decidir; José Ángel Aguilar Gil, Red Democracia y Sexualidad, Demysex, A.C.; Rosa María Camarena, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Carlos Echarri, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México; Brígida García, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México; Soledad González, Centro de Estudios Sociológicos, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México; Clara Jusidman, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C.; Lucía Melgar, Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; Guadalupe Ordaz, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C.; y Gabriela Rodríguez, Afluentes, S.C.




Agradecimientos

Agradecemos la colaboración de Claudia de Anda y Karla Flores del PUEG en la redacción final de este documento.


Notas al pie:

*.

fn1El Colegio de México, 19 y 20 de enero de 2009.


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ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS, vol. 34, núm. 3 (102), septiembre-diciembre, 2019, es una publicación electrónica cuatrimestral editada por El Colegio de México, A.C., con domicilio en Carretera Picacho Ajusco núm. 20, col. Ampliación Fuentes del Pedregal, delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, tel. +52 (55) 5449 3031, página web: www.colmex.mx, correo electrónico: ceddurev@colmex.mx. Editor responsable: Manuel Ángel Castillo. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2016-031810381800-203, ISSN impreso: 0186-7210, ISSN electrónico: 2448-6515, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Leticia Argüelles, Carretera Picacho Ajusco núm. 20, col. Ampliación Fuentes del Pedregal, delegación Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México. Fecha de última modificación, 09 de septiembre de 2019.

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